El 5 de noviembre del 2007, Juan Manuel Ávila presentó estas reflexiones a Izquierda Unida; sus predicciones se han cumplido una tras otra. En Honor a tal capacidad prospectiva lo publicamos en este espacio.
IMPROCEDENCIA LEGAL Y POLÍTICA DE LAS REFORMAS PARA EL PROCESO ELECTORAL DE MARZO DEL 2008
ANTECEDENTES
1. Desde el inicio de la presente Dirección Nacional, NI manifestó su inconformidad por no tener bajo su control los órganos autónomos: Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGyV), Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía (CNSEyM), del cual depende el Registro Nacional de Afiliados (RNA). Por esa razón desarrolló acciones de confrontación con ambas instancias e impulsó esquemas que privilegiaban las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN, donde con múltiples maniobras NI ha logrado una mayoría, que aunque escasa ha servido a sus fines) con relación a candidaturas a cargos de elección popular (llegando al extremo de atraer hasta candidaturas a regidores de pequeños municipios, ya no se diga diputaciones o alcaldías). También sus militantes en los estados en donde son minoría desplegaban acciones de confrontación en los procesos electorales con el fin de que el CEN “atrajera” las decisiones y no se expresaran las urnas. Aún así buena parte de los resultados les fueron desfavorables, por lo que habría que cambiar esa correlación.
2. Después de las elecciones federales del 2 de julio y de las manifestaciones y acciones de resistencia, NI proyectó la realización de un Congreso Nacional para cambiar las reglas de la elección. Su plan inicial era que el Congreso resolutivo se realizara en febrero o a más tardar en marzo del 2007, un año antes del relevo; teniendo dos reformas esenciales: uno, el cambio de la forma de elección de los órganos de Dirección del Partido, del voto universal y directo al voto indirecto en Congreso; con lo que suponían que lograrían su más caro anhelo: la presidencia nacional del PRD; y dos, lograr un resolutivo que posibilitara alianzas coyunturales con el PRI (en Yucatán donde según sus planes el PRD apoyaría al PRI y en Michoacán, donde sería a la inversa). Ambas reformas los pondrían en el camino de alcanzar otros objetivos en el escenario político del país. No encontraron eco ni en sus aliados y variaron su estrategia, más no sus objetivos.
3. Propusieron la realización del Congreso en agosto y se avocaron a transformar las reglas electorales internas y los órganos encargados de su organización y calificación. Por ello centraron sus esfuerzos en dos frentes: uno, concretar alianzas y realizar acciones a cualquier precio que les permitiera alcanzar la mayoría de delegados al Congreso, y dos, reformar el Estatuto para contar con las mejores condiciones para ganar.
4. En el primer frente concedieron todo lo necesario y concretaron alianzas con ADN y otras fuerzas en varias entidades, de manera destacada en el Estado de México y en Campeche, donde lograron decenas de miles de votos ficticios que les permitió impactar en la asignación de delegados no sólo en esas entidades, sino en todo el país, por el método de asignación estatutario.
LAS CONSECUENCIAS
5. Lograron su objetivo y con esa mayoría hicieron y deshicieron con los documentos básicos del Partido, de manera destacada con el Estatuto. Para el caso que nos ocupa, cambiaron las reglas electorales y transformaron los órganos directamente responsables del proceso electoral (de la organización y del padrón, y de la calificación legal): le quitaron el carácter de autónomo al CNSEyM, reduciendo esta instancia a una Comisión Técnica Electoral (CTE) dependiente del Comité Político Nacional (CPN); desaparecieron el Registro Nacional de Afiliados, sustituyéndolo por una Comisión de Afiliación (CA) dependiente del Secretariado Nacional (SN); no se atrevieron a quitar la autonomía al órgano jurisdiccional, pero sí le quitaron la facultad de Vigilancia y le dieron al CPN atribuciones para sancionar y a la CNG sólo la atribución de revisar si la sanción que imponga se ajustó al procedimiento. De la misma manera, fijaron tiempos para que entraran en operación las nuevas instancias: la CTE y la CA el 1 de noviembre y la CNG el 1 de enero.
6. En esa misma estrategia, establecieron nuevas reglas electorales que tienen un denominador común: el control por parte del CPN o del SN de la lista nominal, de la organización y los procedimientos electorales y un órgano jurisdiccional acotado. Y al decir CPN o SN están diciendo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dónde ejercen el control. Más aún: tales comisiones estarían, según sus cálculos, bajo la organización del secretario general nacional (Artículo 19°, numeral 6 inciso a). Además restringieron la participación electoral al cerrar la lista de votantes.
7. Así, según ellos, ya tenían el escenario ideal: Reglas electorales favorables para NI, instancias controladas por NI, la alta probabilidad de que en el cambio de personas alcanzaran la mayoría o por lo menos equilibraran las cosas a su favor y la parte financiera, operativa y de infraestructura en manos del Ejecutivo, es decir de ellos. Por eso “concedieron” que los integrantes de las nuevas instancias se acordaran por el 80% de los Consejeros presentes. También por ello insistieron en que Garantías redujera su número a 3 (aunque habían propuesto que fuera sólo un integrante, un juez) y propusieron un integrante para la CTE. Todo a pedir de boca. Pero cometieron un grave error que puede (debe) hacer que sus planes se vengan por tierra: el Transitorio Primero del Estatuto.
SUS ERRORES
8. En efecto, el transitorio Primero dice: “Las reformas al Estatuto entrarán en vigor al día siguiente de su declaración de procedencia legal y constitucional por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral. LAS NORMAS RELACIONADAS CON EL COMITÉ POLÍTICO NACIONAL, los comités políticos estatales y LOS SECRETARIADOS NACIONAL y estatales ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS. Mientras tanto, SEGUIRÁN EN VIGOR LAS NORMAS QUE RIGEN LOS COMITÉS EJECUTIVOS NACIONAL y estatales”.
9. Es decir, que las normas estatutarias que tienen que ver con el Comité Político Nacional y con el Secretariado Nacional no son aplicables para el proceso electoral de marzo próximo. ¿Cuáles son éstas?: Aplicar sanciones (Artículo 18° numeral 4 inciso h); dar sustento a la existencia de la Comisión Técnica Electoral (Artículo 26° fracción 1 inciso b), pues la CTE depende del CPN y no puede existir la instancia dependiente sin existir el órgano del cual depende; dar sustento a las actividades de la Comisión Técnica Electoral, pues ésta “REALIZARÁ SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ POLÍTICO NACIONAL” (Artículo 28° numeral 2); dar sustento a la existencia de la Comisión de Afiliación pues depende del secretariado nacional (Artículo 26° fracción 1 inciso d) que a su vez surge del CPN; dar sustento a las actividades de la Comisión de Afiliación, pues ésta “REALIZARÁ SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES DEL SECRETARIADO NACIONAL”.
10. Por ello, no es jurídicamente posible que las nuevas Comisiones realicen sus actividades para el proceso de marzo del 2008: Garantías no debe operar porque se quedarían sin ser aplicadas sanciones que en el nuevo Estatuto son funciones del CPN (tampoco pueden aplicarse los nuevo Reglamentos de Elecciones y de Disciplina Interna; el primero porque regiría a la CTE y el segundo porque varias sanciones son atribuciones del CPN); la Comisión Técnica Electoral no debe operar porque no hay órgano de quien dependa ni quien le dicte las resoluciones para realizar sus actividades, lo mismo que la Comisión de Afiliación.
11. No es cuestión de interpretación. El planteamiento es literal. Si el Congreso hubiera querido que una instancia existente asumiera provisionalmente las normas relacionadas con el CPN así lo hubiera expresado en un Transitorio. No sólo no fue así, sino que expresamente dice que tales normas entrarán en
vigor hasta que esté constituido. Más aún: el órgano que hubiera podido asumir tales funciones, el Comité Ejecutivo Nacional, expresamente tiene esa prohibición, pues el último párrafo del Transitorio Primero expresamente ordena: que “SEGUIRÁN EN VIGOR LAS NORMAS QUE RIGEN LOS COMITÉS EJECUTIVOS NACIONAL Y ESTATALES”.
12. No hay opción legal posible: Para el proceso de marzo deben continuar en vigor el Reglamento General de Elecciones y Consultas, el Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía, incluyendo el Registro nacional de Afiliados, y la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia con su actual estructura y Reglamento.
LA ALTERNATIVA
13. Ante esta realidad es el momento de salirnos del carril en el que metió al Partido la NI. Ellos quieren ordenamientos elaborados ex profeso, nosotros no. Ellos quieren una nueva composición de los órganos relacionados con el proceso electoral, nosotros no. Nosotros no necesitamos ni una cosa ni otra. Tenemos haciendo elecciones dos años y medio con esas reglas y no es correcto cambiarlas 5 meses antes de la jornada electoral. Los actuales órganos son autónomos y tienen las suficientes atribuciones y experiencia para realizar un proceso legal, transparente, imparcial, objetivo, independiente y limpio que es lo que el Partido necesita. NI va por el control del proceso y hacerse de la presidencia nacional como sea. IU va por un proceso en el que se manifieste limpiamente la voluntad del perredismo nacional, que es lo que posibilita un triunfo legal y legítimo.
14. ¿Qué puede ganar IU con el cambio de órganos y de personas? Nada. ¿Qué puede perder? Por una parte las comisiones pasarían a ser controladas en los hechos por NI, y por otra, las fuerzas comprometidas con el esfuerzo de IU tienen con los órganos actuales la presidencia de Garantía y Vigilancia, la presidencia del Servicio Electoral Nacional y la responsabilidad de afiliación; si seguimos por el camino y la estrategia marcada por NI no sólo no se va a conservar lo que se tiene, sino que se va a perder mucho más.
APOYOS PARA NI EN EL CONTEXTO NACIONAL
15. Además, agreguemos el ingrediente nacional actual: Con las Reglas y los Órganos actuales se puede evitar que NI realice sus tropelías a las que está acostumbrada y que le surtan efecto cabal sus apoyos desde la estructura del Estado Mexicano:
16. No requiere de una extensa argumentación afirmar que FCH estaría de plácemes si triunfara NI en las elecciones perredistas de marzo del 2008; es evidente que las más recientes acciones de algunas y algunos distinguidos miembros de NI que ostentan cargos de elección popular van en el sentido de convencer a quienes ocupan Los Pinos que son la opción que les hace falta al frente del PRD.
17. NI tendrá el apoyo desde el Senado de la República no sólo del coordinador de los senadores del PRD sino también del coordinador de los senadores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con quien los dos principales dirigentes de NI tienen una relación de apoyo mutuo desde hace más de 20 años, cada uno en su espacio político anterior al PRD, relación que han seguido cultivando.
18. NI contará con el apoyo de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del coordinador de los diputados del PRD. Tendrá el apoyo del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF y coordinador de los asambleístas del PRD.
19. ¿Necesitan más? No quieren dejar nada al azar: se sabe que han buscado y encontrado apoyo en varios gobernadores del PRI y del PAN. Por otra parte, hace algunos meses los dirigentes de NI se reunieron con empresarios del DF, en el marco de las reformas fiscales (así lo comentó uno de ellos en el CEN); después se supo que aparte de tratar el tema fiscal les plantearon que “ellos eran los únicos capaces de parar a AMLO desde la dirigencia del PRD”.
CONCLUSIÓN
20. IU y en particular AER tienen que aprovechar la no aprobación de los 5 Reglamentos que se proyectaba aprobar el 28 de octubre, así como lo planteado en el propio Estatuto, para dejar de transitar por el camino creado por NI para lograr su propósito de controlar al Partido. Los 16 reglamentos se tienen que aprobar en la próxima sesión del Consejo, porque así lo manda el IFE, pero no deben entrar en vigor, particularmente los que tienen que ver con el proceso electoral. Se puede nombrar la comisión especial plural para que vigile al Registro Nacional de Afiliados e incluso se puede hacer una Comisión de Vigilancia para el Servicio Electoral. Lo que no se debe permitir es que NI logre las reglas y los órganos electorales que necesita para cumplir su aspiración. Si no podemos hacer nada para evitar el apoyo de la estructura del Estado mexicano al proyecto de NI, sí podemos hacer mucho al interior de nuestro Partido.
Ciudad de México, 5 de noviembre del 2007
Eloí Vázquez López. 